La sociología es relevante para la administración pública porque la investigación en ciencias sociales se puede usar para proporcionar información a las legislaturas, de modo que la política pueda ser impulsada (idealmente) por evidencia e información en lugar de anécdotas o retórica vacía.
Si los legisladores desean servir los intereses de sus electores, es razonable investigar qué podrían ser esos intereses. Por ejemplo, un sociólogo podría realizar una encuesta sobre las actitudes en materia de justicia penal, salud reproductiva o control de armas.
Una vez que las políticas públicas e institucionales son aprobadas, es el rol del científico social hacer una investigación evaluativa. ¿La ley hizo lo que pretendíamos? ¿Seguimos de acuerdo con el principio detrás de la ley? ¿Tuvo la ley consecuencias imprevistas? (Para un ejemplo concreto, piense en la Guerra contra las Drogas y la posterior representación excesiva de hombres afroamericanos en las poblaciones de prisiones)
Otra función que desempeña la sociología en la administración pública es identificar problemas sociales y tendencias demográficas que aún no están “en el radar” pero que pronto podrían entrometerse en las realidades de otras personas.
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Los legisladores, los periodistas y el público en general no tienen el tiempo ni la oportunidad de realizar investigaciones científicas sistemáticas sobre temas que les conciernen. Es, en parte, el trabajo de científicos, economistas, criminólogos y sociólogos estudiar estos temas, sintetizar sus resultados y presentar sus hallazgos.