Los derechos humanos o naturales como universales e inalienables son filosóficamente indefendibles. Esta es una consecuencia directa de la división Is-Ought.
Es cierto que nosotros, los humanos, generalmente tenemos ciertos valores y que los países pueden decir: “Si tienes estos valores, no debes masacrar a tus ciudadanos; y si lo haces, te castigaremos”.
Eso es más o menos lo que es la intervención humanitaria: un ultimátum. Es agradable, agradable, elegante y todo, pero en última instancia, se basa en la fuerza de las armas al igual que los derechos legales. La distinción es, pues, retórica.
Como he escrito en otra parte, y volveré a escribir aquí, el país individual o individual no tiene un recurso moral para juzgar a los que tienen valores diferentes. Pueden intervenir, pueden castigar, pueden justificar, pero no pueden juzgar moralmente porque implicaría que existe una base racional para preferir un conjunto de valores sobre otro (no existe).
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Un gobierno puede juzgar legalmente aquellos en su jurisdicción porque todos hemos acordado a través del contrato social cumplir con su cuerpo de leyes y el sistema moral subyacente. Ese contrato social, generalmente tácito y en ocasiones coaccionado, es ejecutado por el gobierno con su monopolio sobre la violencia.
Pero esto no se aplica a las relaciones internacionales, a menos que las partes hayan acordado algún acuerdo, ni tampoco la reforma gubernamental; con suerte, son procesos pacíficos, y todos los involucrados tienen valores humanistas y están abiertos a la razón, pero no hay absolutos a los que recurrir, por supuesto, en ausencia de la creencia en el mandato divino.